No podía ser de otra forma, lo contrario hubiera sido un acontecimiento patafísico: El Comité de Bioética de España –ente independiente adscrito al Ministerio de Sanidad- ha avalado la reforma de la llamada ley del aborto que acaba de aprobar el Gobierno de mi atribulado país.
Pero atentos a uno de sus argumentos: “El Estado no puede imponer la prevalencia de la vida prohibiendo el aborto si con ello desprotege a la mujer que se encuentra ante la necesidad de interrumpir el embarazo”.
Obsérvese este genuino ejemplo de ingeniería verbal típico de la corrección política: al darle la vuelta al evidente principio de que el Estado tiene la obligación de defender la vida, parece que su negación es un deber ético: “El Estado no puede imponer la prevalencia de la vida prohibiendo…”.
Pero sólo lo parece.
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