No sé por qué le llaman fiscal general del Estado, cuando deberían llamarle fiscal particular del Gobierno; o eso parece pedir cada vez que habla el Sr. Cándido Conde-Pumpido, que de cándido sólo tiene el nombre.
Si una cosa creo que se aprende en las facultades de Derecho es a tener sentido jurídico, y es este sentido el que chirría cuando leo declaraciones de este Cándido tan poco cándido. Veamos.
El jueves pasado el jefe del Ministerio Público reclamó limitar la acción de las acusaciones populares. ¿Limitar uno de los timbres de gloria de la Democracia? Pues sí, porque parece que hay que poner fin a las fiscalías paralelas, que defienden intereses espurios que ponen en jaque a la Justicia con querellas mediáticas.
Da la sensación de que el FGE prefiere monopolizar la acusación para defender los intereses del Gobierno de turno en un ambiente de total secretismo. Y lo dice con la aparente candidez de quien quiere defender a la Justicia del acoso de querellas que le trasladan problemas que, o no existen, o no tienen como cauce adecuado de resolución el sistema judicial penal sino que deben ser resueltas en el foro político o en otras instancias sociales.
Jugosa esta última apreciación, como por ejemplo el peligro convertir foros e instancias sociales indeterminadas en “tribunales paralelos”. Pero que no sufra el buen Cándido, que los Tribunales de Justicia saben perfectamente que si las querellas que les llegan trasladan problemas que, o no existen, o no tienen como cauce adecuado de resolución el sistema judicial penal, no tienen más que no admitirlas a trámite.
Claro que todo esto viene a cuento de las querellas en marcha contra el juez Baltasar Garzón, y el Gobierno y su fiscal se sienten incómodos porque por una vez otras instancias sociales y tribunales se les escapan del control en un asunto que les contraría.
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