El gobierno de mi atribulado país lanzó a bombo y platillo la Ley de Dependencia (de ayudas a la atención de discapacitados). Nadie se opuso, claro, ¿quién se iba a atrever a poner el más pequeño “pero” a semejante iniciativa?
Pero “peros”, haberlos haylos. Por ejemplo, ¿de dónde se va a sacar el dinero necesario?
Ya he comentado una de las consecuencias de la falta de financiación, que convierte las más loables iniciativas en propaganda. Hoy, un periódico abre con otra de las crudas realidades: la Junta de Andalucía cita para el año 2012 a una anciana de 96 años, para decidir entonces si es acreedora a la ayuda o no.
En el mejor de los casos, la buena señora tendrá 101 años cuando empiece a recibir esa ayuda.
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