La Ministra de Educación del mismo atribulado país mío (y todo el coro de funcionarios gubernamentales, autonómicos, provinciales, locales y de barrio correspondientes) dice y repite que la asignatura de Educación para la Ciudadanía debe cursarse, porque es una ley y la ley hay que cumplirla, y el que no la cumpla lo paga.
¿Qué se puede decir de un país en el que la aplicación de la ley depende de la voluntad política de sus gobernantes?
Y eso que no he hablado del aborto...
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